Financiación pública e ingresos por matrículas y tasas, por universidades

Estas cifras o estimaciones agregadas esconden una gran diversidad de situaciones en las distintas universidades catalanas. El real decreto-ley 14/2012 establece que los precios públicos de los grados y masters universitarios tienen que estar en proporción con el coste del servicio; pero no se especifica el nivel de referencia que debe utilizarse en los cálculos (titulación, centro, universidad, o comunidad autónoma –que son las que actualmente fijan los precios públicos–). Si analizamos los últimos datos auditados, correspondientes a 2012, aplicando en todos los casos el supuesto global según el cual un 59% del gasto se dedica a tareas docentes, se observan diferencias considerables entre universidades. En la Tabla 1 se puede observar que el porcentaje del coste de la docencia asumido directamente por los estudiantes oscila entre el 32% en la UPC y el 56% en la UB. En todos los casos, el coste que los y las estudiantes pagan realmente de media estaría muy por encima del 15-25% establecido en el decreto-ley para las primeras matrículas.

Fuente: elaboración propia, véase el apartado “Metodología”.

Estas diferencias se reproducen también en el interior de cada universidad entre las diversas titulaciones. En la Tabla 2 mostramos, a modo de ejemplo, información para la UB correspondiente al año 2006. El “grado de cobertura” presentado en la tabla es el porcentaje que los ingresos por matrículas suponían sobre el gasto corriente de los centros. Si esas proporciones se mantuvieran hoy querría decir que, por ejemplo, los estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa de la UB podrían estar pagando vía matrículas y tasas el 85% del coste de la docencia que reciben^[9].

Este ejemplo muestra la limitación más importante de un sistema de precios públicos que pretende vincular el precio de la matrícula al coste de la docencia. Más allá de que el porcentaje medio que representan las matrículas sea muy superior al 25% máximo previsto en el real decreto-ley 14/2012, las cifras de la Tabla 2 indican que los y las estudiantes sólo podrían pagar un porcentaje específico del coste de su docencia si se establecieran diferencias entre titulaciones mucho mayores que las existentes en la actualidad. De hecho, la lentitud en el proceso de implantación y publicación de la contabilidad analítica a las universidades públicas catalanas y españolas es comprensible, en la medida en que una aplicación estricta del real decreto-ley basada en datos reales de gasto exigiría establecer una estructura de precios de matrícula enormemente compleja, que dejaría las titulaciones más caras fuera del alcance de la mayor parte de familias.

Fuente: Informe de la Comissió per a l’elaboració del Pla de Viabilitat Econòmico-Financera de la Universitat de Barcelona, Universitat de Barcelona, 2007.