El Tribunal Constitucional considera que la evaluación de los profesores contratados universitarios que hace la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) tiene validez en toda España. En una sentencia rechaza así un recurso que presentó en 2003 la Generalitat de Cataluña contra un real decreto del Gobierno central, al entender que invadía las competencias de su agencia autonómica.

La sentencia, avalada por seis magistrados y rechazada por otros cuatro votos particulares, estipula que “la competencia autonómica en materia de evaluación y garantía de calidad del personal docente e investigador se configura como una competencia compartida entre el Estado y la comunidad autónoma”.

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