Las sentencias favorables a los profesores recogen en su argumentario que el trabajo desarrollado “no corresponde al perfil de asociado recogido en la ley”, que el carácter temporal de la contratación “no está justificado” ya que “llevan a cabo tareas estructurales”, y que muchos “no son profesionales con actividad principal fuera de la universidad” ni se trata de “acreditados especialistas de reconocida competencia”.
La presidenta del comité de empresa del PDI de la UB también ha informado de que, en paralelo a la vía judicial, en la mesa de negociación se ha propuesto una vía de promoción interna para “ir regularizando la situación de los asociados y encontrar soluciones específicas a cada caso”, dependiendo de si se trata de personal acreditado o no.
