La organización juvenil de UGT, Ruge, calcula que el centro se ahorró 8.000 euros al año por cada puesto de trabajo por usar becarios y presenta una demanda colectiva contra la universidad.
Además, y probablemente antes de tener que lidiar con esta reclamación, la universidad deberá afrontar un juicio por la misma cuestión el próximo 31 de marzo tras sendas demandas de impugnación de despido colectivo por parte de los sindicatos CCOO y CNT. Ambos piden al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que certifique la relación laboral que expuso la Inspección de Trabajo, declare nulos los despidos y abone los salarios no percibidos.
Por otra parte, la Inspección de Trabajo está en pleno proceso judicial con la Autónoma de Madrid desde el pasado verano por una causa similar. En aquella ocasión, una jueza de primera instancia dio la razón a la universidad: los becarios no ejercían de trabajadores. El caso está pendiente de los recursos de la propia inspección y de los becarios.
El organismo público también ha realizado visitas a otros campus, por ejemplo en Catalunya a la Pompeu Fabra o la Politècnica de Catalunya, aunque en este caso no se han traducido en actas.
