El plazo de consulta pública inicialmente terminaba el pasado viernes 8 de mayo, pero ha sido ampliado hasta trascurridos 15 días naturales después de que finalice el estado de alarma.
El aplazamiento se produce tras las manifestaciones de descontento de diversos sectores universitarios. Parte del texto es, de hecho, una copia de la normativa que en su día elaboró el Gobierno del PP y que nunca llegó a aprobar por la fuerte contestación social que generó. Fuentes universitarias apuntan que “en algunas medidas incluso va más allá”.
El sindicato CCOO había movilizado a sus servicios jurídicos para presentar una reclamación con el fin de conseguir la nulidad del proceso: “tal ha sido la precipitación del ministerio que incluso incumplió la suspensión de plazos administrativos establecida por el propio Gobierno durante el estado de alarma por Covid-19”.
