Aunque algunas comunidades autónomas han disminuido los precios de las matrículas de grado o máster en los últimos años, el coste que debe asumir el estudiante se sitúa todavía muy lejos de los niveles de antes de la crisis. Las comunidades de Madrid y La Rioja registran precios máximos de primeras matrículas notablemente más elevados que territorios como Andalucía o Galiza, pero es en Catalunya donde se observan los precios más altos: un curso de grado en el presente año académico puede llegar a costarle al estudiante 2.372 euros, y un máster habilitante —necesarios para poder ejercer en determinadas carreras— casi 2.500 euros más.
Existe una cuestión relevante en toda esta variación de precios que los expertos acostumbran a señalar: el tema de los niveles de experimentalidad. Esta categorización de los estudios ya existía antes del derogado “decreto Wert” que establecía el sistema de horquillas, pero fue a partir de 2012 cuando implicó una variación considerable entre los importes de diferentes carreras. El nivel de experimentalidad implica que, por ejemplo, carreras como medicina o ingenierías sean más caras que las de la rama de humanidades. El problema, explica Vera Sacristán, es que esta división “se aplica de forma muy distinta: puedes encontrar la misma carrera en niveles de experimentalidad distintos en comunidades distintas”. “No hay nada que regule eso, de hecho la Generalitat ha movido de nivel de experimentalidad algunas carreras, todas las ingenierías saltaron de un nivel a otro en un determinado año”, añade.
Investigadores como Helena Troiano han analizado en varias ocasiones cómo el estudiantado de clase social más desfavorecida tiende a elegir los estudios por motivos más finalistas que los hijos e hijas de clases acomodadas, que sí escogen más en función a sus gustos. También entra en juego el factor de percepción de “dificultad” de la carrera: “Cuando había carreras cortas y largas, escogían más las cortas que las largas, por ‘asegurar’, independientemente de que luego siguieran estudiando”, resume Sacristán.
Simultáneamentre, la inversión pública en universidades catalanas cayó en ese periodo por encima de la media (32%), pero la cifra se superó en las comunidades de Madrid (33%), valenciana (37%) y Castilla La Mancha (38%), unos datos que situaban a España en los últimos puestos de la UE en financiación pública en universidades y muy por encima en proporción de ingresos por matrículas universitarias.
Si el análisis de datos se enfoca en financiación pública por estudiante —en algunas universidades sí se redujo el número de personas matriculadas—, Catalunya se coloca a la cabeza con una disminución del 35%, lo que supone más de una tercera parte de reducción.
Según los últimos datos del Ministerio de Universidades, la tendencia se mantuvo durante los últimos años: Catalunya registró el importe más bajo de financiación pública por estudiante en 2016, aunque en 2017 la Comunidad de Madrid la superó ligeramente. Aunque los ingresos por precios públicos por estudiante disminuyeron levemente entre 2016 y 2017 en Catalunya, la comunidad sigue superando con creces a las autonomías que presentan los siguientes precios más elevados —2.190 euros por estudiante frente a los 1.538 de Castilla y León o 1.531 de Madrid— en este apartado.
