El recorte supone que las universidades abonarán el 19% de los 700 millones que forman el Fondo de Emergencia Social y Económica contra la covid-19.

Para minimizar el impacto del recorte, el Gobierno andaluz autoriza a las universidades a destinar a gastos corrientes 135 millones de remanentes, habilita una línea para inversiones por 125 millones y les transfiere 126 millones del total de 300 millones que les adeuda.

“Me están diciendo que pague las nóminas durante un año con mis ahorros. Como se prolongue la situación y no recuperemos, se verá afectada la comunidad estudiantil. 135 sobre 700 millones es una cantidad muy alta”, lamenta el rector de la U. Pablo de Olavide.

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