El decreto del 14 de marzo que dio inicio al estado de alarma suspendió la actividad presencial en las universidades. El 23 de mayo, el BOE publicó una orden ministerial que permitía a las comunidades flexibilizar la educación no universitaria y abrir colegios en la Fase 2. «Pero no se ha dictado nada similar con las universidades», recalcan fuentes universitarias.
Las pruebas, que comenzarán dentro de dos semanas, concentrarán a más de 200.000 estudiantes en institutos, facultades e incluso polideportivos de toda Españas. El ministerio «tenía que haber aprobado un decreto u orden, pero lo ha resuelto con una carta sin validez jurídica», denuncian estas mismas fuentes, y advierten de que «hoy por hoy no hay un solo texto legal del Gobierno que autorice la celebración de la Selectividad».
«Si esto no se gestiona bien puede ser un problema. Los estudiantes tienen 17 o 18 años, muchas ganas de ver a sus amigos y una percepción del peligro bastante leve. Las universidades temen que se produzcan contagios y tengan que enfrentarse a demandas judiciales sin disponer de una cobertura legal que haya avalado sus decisiones», advierten fuentes universitarias de la Comunidad de Madrid. «Queda muy poco tiempo y no hay una definición clara de la organización, no sabemos qué va a pasar», admiten en la Universidad del País Vasco. «Hace meses que se le está pidiendo al Ministerio de Castells que aclare un protocolo común para todos», se quejan en la Consejería de Universidades de Murcia. Blanca Ares, directora general de Universidades de Castilla y León, añade: «Las comunidades hemos solicitado al Ministerio instrucciones concretas sobre cómo realizar la EBAU y hemos recibido un documento firmado por los ministerios de Sanidad y Educación con unas recomendaciones de mínimos que no están claras. El texto, muy general, no es una norma jurídica y está causando muchas dudas. Podían haber bajado más al detalle y que tuviera carácter más vinculante».
Los gestores universitarios se quejan de que han tenido que elaborar sus protocolos casi a ciegas. Si algo falla en la prueba, será su responsabilidad. Ante la falta de criterios concretos, hay cuestiones que suscitan debate y dan lugar a distintos planteamientos. Por ejemplo, el Gobierno no se ha pronunciado respecto a la desinfección de los exámenes. Mientras en Andalucía serán puestos en cuarentena, Asturias quiere rociarlos con ozono, una posibilidad que otras regiones han descartado porque puede irritar las vías respiratorias. Las recomendaciones de Illa y Celaá tampoco detallan si los profesores en edad de riesgo pueden vigilar los exámenes, si los alumnos deben tomarse la temperatura o cómo deben establecerse aforos y horarios, lo que causa varias interpretaciones.
La convocatoria ordinaria de estas pruebas comenzará en Navarra el dia 23 de junio, y finalizará el 10 de julio en Cantabria, Cataluña y La Rioja. Por ahora, sólo 10 autonomías tienen aprobados y enviados a los centros educativos de secundaria sus protocolos de seguridad ante el riesgo de Covid-19 durante la Selectividad. Son Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Madrid, Aragón, Extremadura, La Rioja, Andalucía, Galicia y Cantabria. El resto ha ido avanzando algunas medidas que desvelan las distintas particularidades que tendrá la organización de las pruebas. Habrá distintos aforos y distintas obligaciones respecto al uso de guantes o mascarillas. Madrid, Cataluña, Canarias y Navarra darán a sus alumnos cuatro días para realizar los exámenes, mientras que las demás regiones los harán en tres días.
La convocatoria extraordinaria está prevista para setiembre en la mayoría de comunidades. Sólo Asturias, El País Vasco y Navarra la han programado para el mes de julio. Cataluña es la única autonomía que todavía no ha anunciado las fechas en que tendrá lugar esta segunda convocatoria.
