Tal como informó el OSU aquí, la Universidad Rey Juan Carlos firmó en 2012 un convenio con la Dirección General de la Policía para impartir un curso online de nueve meses a comisarios e inspectores jefe. En ese tiempo, y tras abonar una matrícula de 3.000 euros, cada funcionario salía con el título de graduado en criminología, ya que la URJC le convalidaba los cursos internos que realizan los policías para ascender como si fueran asignaturas de la citada carrera que, para el resto de ciudadanos, dura cuatro años.
Así se pretendía resolver el problema de más de la mitad de los mandos policiales, que no cuentan con el título requerido para ocupar sus plazas. Tanto es así que, por ejemplo, el Juzgado número 1 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional anuló el nombramiento del subdirector general de la Inspección de Personal del Ministerio del Interior por no tener titulación universitaria y el Juzgado número 9 del mismo tribunal ordenó cesar temporalmente al jefe superior de Policía del País Vasco por el mismo motivo.
Un inspector promovió todo tipo de iniciativas administrativas y judiciales contra este “apaño”. Tras cinco años de lucha, el Supremo le dio la razón dictando una sentencia que invalidaba el polémico curso ‘online’. Una decisión previa del Ministerio de Educación ya había tumbado el citado grado y la Secretaría General de Universidades había asegurado que el curso era “insuficiente a todas luces para ser considerado un título oficial del nivel universitario de diplomado”.
Entonces el inspector solicitó a la Universidad que ordenase la nulidad del título, como establecía la sentencia, pero la URJC ni siquiera le contestó, de modo que el inspector volvió a los juzgados, tal como el OSU informó aquí. Sin embargo, por motivos personales ahora se ha retirado de la causa, por lo que ésta se vería abocada a la desestimación y archivo. Es por ello que los sindicatos policiales Jupol y ASP han decidido oponerse al archivo personándose en la causa.
