El Ministerio de Universidades mantiene abierta la negociación con todos los sectores implicados para aprobar cuanto antes un nuevo proyecto de ley y un Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), pero los sindicatos y la asociación que representa a este profesorado temporal ven aún muy lejos un acuerdo e, incluso, temen un incremento de la precarización con el segundo borrador que les ha presentado el Gobierno.
Manuel Ortega, responsable de Universidades de FeSP-UGT, ve prioritario aprobar el Estatuto del PDI antes que emprender una reforma de una ley orgánica con incierto recorrido político en el Congreso. Echa en falta una memoria económica que especifique cuánto costarán estas reformas en unos momentos en los que el Gobierno está hablando, además, de congelación del salario de los funcionarios.
Encina González, responsable de Universidad de CCOO, sindicato mayoritario en el sector, ve detrás del anteproyecto de ley un “modelo neoliberal y utilitario”, porque, a su juicio, asume una tasa de temporalidad en el profesorado de hasta el 40% de la plantilla en equivalencia a tiempo completo, que sería más elevada si se computasen los puestos a tiempo parcial y los docentes de Ciencias de la Salud no incluidos. A juicio de González, los cambios y las nuevas figuras de profesorado que contempla el articulado del proyecto no arreglan los problemas actuales y, en algunos casos, los llega a empeorar.
La Asociación Estatal del Profesorado Asociado, que amenazó en junio con iniciar movilizaciones en septiembre si no se atendían sus reivindicaciones, tampoco está de acuerdo con la nueva propuesta del Gobierno. “No acaba de cumplir nuestras expectativas”, señala su presidenta, Isabel de la Cruz. “”La intención es buena, pero la redacción es mala, porque da pie a muchas interpretaciones diferentes.”
El sindicato CSIF también emitió un comunicado muy crítico a raíz de la reunión con el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, en el que denunció que la reforma emprendida por el Gobierno “no introduce medidas para acabar con la precariedad de los docentes e investigadores laborales”.
