De acuerdo con la sentencia, no cabe aplicar la Disposición Adicional 5ª del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, que permite a los funcionarios de la Administración General de Estado la reducción del importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan para adecuarlo al porcentaje de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

La sentencia argumenta que el personal de la Administración General del Estado y el personal de las Universidades, en particular su personal docente, “son claramente diferentes y diferenciables” y que el profesorado universitario no está incluido en el campo de aplicación de la disposición mencionada por considerarse “personal directivo“ o de “especial dedicación” y tener un tratamiento singularmente estricto en el art. 16.1 de la Ley de Incompatibilidades.

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