El miércoles 27 de enero, el ministro lanzó un contundente comunicado via twitter en el que afirma que “El Ministro, y este Ministerio en su conjunto, estamos profundamente preocupados por el posible peligro a la salud de estudiantes y docentes. Y, por consiguiente, instamos a las autoridades académicas a que den prioridad a la salud de toda la comunidad, procediendo a la enseñanza y exámenes online”.
Así mismo, recuerda que “el Gobierno transfirió a las Comunidades Autónomas 400 millones del fondo Covid-19 para que las universidades pudieran adaptarse a la enseñanza digital” y concluye que “las universidades están preparadas para la enseñanza onlie y, si no lo hacen, deben explicar por qué”.
La reacción de la CRUE ha sido inmediata. El mismo día ha publicado un duro comunicado en el que comienza indicando que “las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas han avalado todas las acciones que se han llevado a cabo” en las universidades. Por ello, sigue el comunicado, “lamentamos profundamente que ahora se cuestionen vía Twitter desde otros ámbitos gubernamentales”. Los rectores recuerdan que los protocolos acordados con el Ministerio “se han cumplido con el máximo rigor” y que “contemplaban exactamente lo que se está haciendo”.
Finalmente, en nombre de “los principios de equidad e igualdad de oportunidades”, los rectores afirman no poder rendirse “ante el populismo y el mensaje fácil.”
Y concluyen: “Y quien no lo entienda, debería replantearse su posición.”
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