La nueva ley modificaría el sistema de gobierno de las universidades públicas: “La Universidad deberá dotarse de mecanismos de decisión que permitan una gestión eficaz y ágil capaz de adaptarla al cambio constante de su entorno”.
Además, el ministerio quiere que las universidades se especialicen; “debería constituirse un sistema universitario diferenciado de forma que se proceda a una cierta especialización en aquellos estudios o campos científicos en que cada universidad concentre recursos académicos que respondan a las necesidades económicas, sociales y formativas del territorio.”
En la nueva ley se quieren incluir aspectos laborales que en un primer momento se iban a abordar en un Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI), del que hay ya cuatro borradores fallidos. Las negociaciones con los sindicatos ―encabezadas por los máximos representantes de Universidades en CCOO, UGT y CSIF― han encallado y de facto se han parado las negociaciones.
Castells pretende dialogar sobre estos temas laborales con los líderes de los sindicatos ―Unai Sordo y Pepe Álvarez― en el seno de la Mesa de Diálogo Social Sectorial: Economía del Talento, Especialización y Futuro, en la que están presentes tres ministros (Celaá, Castells y Pedro Duque), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). La mesa se ha gestado este febrero como parte del plan de recuperación que el Gobierno está poniendo en marcha en interlocución con la Comisión Europea.
- Nota de prensa del Ministerio de Universidades
- Estrategia programática del Ministerio de Universidades
- Noticia en El País
