Recientemente, el presidente del Gobierno ha presentado el documento España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, elaborado por un organismo de nuevo diseño, la Oficina de Prospectiva y Estrategia a Largo Plazo, que depende directamente del jefe de gabinete del presidente.

El documento, de 676 páginas, fija 9 desafíos de futuro, dos de los cuales guardan relación muy directa con la universidad:

  • Conquistar la vanguardia educativa
  • Mejorar la formación y la recualificación de nuestra población

A continuación ofrecemos un resumen extremadamente breve de las referencias más destacadas del documento al sistema universitario español, a partir de citas literales del texto:

Algunos elementos del diagnóstico

Entre 1978 y la actualidad, el número medio de años formativos de nuestra población se ha duplicado; el abandono escolar ha caído del 70% al 16%, y la proporción de personas con educación superior (universidad o FP superior) ha aumentado del 16% (entre los nacidos en la década de 1940) al 47% (entre los nacidos en la década de 1980).

La evaluación sigue demasiado centrada en la memorización de contenidos y en la obtención de calificaciones, algo que deriva en una priorización del aprobado frente al aprendizaje. Este fenómeno tiene su corolario en […] la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), [que es] heredera de un aprendizaje basado exclusivamente en el conocimiento y, como tal, constituye un obstáculo para el necesario cambio de paradigma hacia el aprendizaje por competencias.

Otro problema añadido es el de los bajos niveles de aprendizaje. En España, las personas con titulación terciaria (Universidad y FP superior) tienen un nivel de comprensión lectora y de habilidad matemática más bajo que el de los graduados en Bachillerato de los Países Bajos.

Lo que subyace [a los empleos de baja cualificación] a menudo no es un problema de “sobrecualificación” como tal sino, más bien, de “sobretitulación,” ya que, en muchos casos, se trata de personas que, aunque poseen un título de educación superior, solo tienen competencias de nivel medio o bajo.

Existe una brecha amplia y creciente entre lo que la universidad española enseña y lo que el aparato productivo demanda.

Existe, además, un desajuste notable entre las titulaciones más demandadas por el alumnado y las más solicitadas por los empleadores

Cabe destacar la poca atención que la universidad española ha prestado y presta todavía a la recualificación de población trabajadora

Objetivo: recualificación para población trabajadora en activo

España tendrá que aumentar su porcentaje de población con titulación universitaria, pasando del 26% actual a un 38% en 2050. Si tenemos en cuenta la contracción demográfica que afectará a las cohortes más jóvenes en los próximos años, en términos absolutos, esto significará pasar del millón de estudiantes universitarios (16 – 24 años) que tenemos hoy a unos 1.100.000 en 2030 y a 900.000 en 2040 y 2050. No es cierto, por tanto, que en nuestro país “sobren” universitarios. El número actual es adecuado y tendremos que mantenerlo relativamente estable hasta mediados de siglo.

España tendrá que casi duplicar el porcentaje de personas con título de FP superior, pasando del 11% actual al 17% en 2050.

¿Quién lo hará?

En el futuro, la población adulta de nuestro país (ocupada y desocupada) actualizará y ampliará sus competencias cursando, juntos, programas ofrecidos por las universidades y los centros de FP.

[Hay que] Promover la trasferencia de conocimiento entre la escuela, los centros de FP y la universidad, facilitando que los docentes e investigadores universitarios y de FP puedan participar en Primaria, Secundaria o Bachillerato, y viceversa.

La recualificación profesional puede convertirse en la principal vía de crecimiento de las universidades en las próximas décadas, a medida que el cambio demográfico vaya reduciendo el número de personas de entre 18 y 25 años en nuestro país. Si hacemos las cosas bien, en 2050, en los campus profesionales y universitarios españoles habrá tantos alumnos por encima de los 25 años como por debajo.

¿Con qué dinero?

Aún más decisiva será la oportunidad que creará la contracción demográfica. De aquí a 2050, la población española entre 16 y 24 años se reducirá en 200.000 personas respecto al nivel de 2019. Esto significa que España podría duplicar su gasto por estudiante en educación post-obligatoria (pasando de los 6.953 euros actuales a los 13.462 que registra Dinamarca) aumentando de forma moderada su gasto público.

Una de las claves será apostar por la formación online o blended (aquella que combina lo presencial y lo remoto), una vía que aún está infrautilizada en nuestro país y que, bien utilizada, debería permitirnos ampliar la calidad, la cantidad y la flexibilidad de la docencia sin incurrir en grandes gastos.

Qué tendrán que cambiar las universidades

Para poder contribuir a ese proceso, los centros de FP y las universidades tendrán que hacer varios cambios.

En primer lugar, habilitar nuevas opciones formativas, más ágiles, flexibles y específicas, que permitan a la población adulta actualizar sus competencias en función de las necesidades cambiantes del mercado laboral, al tiempo que sigue con su vida profesional y personal.

Más concretamente:

  • Crear nuevas titulaciones en el marco de la FP y la universidad pública. Estas nuevas titulaciones serán, por lo general, más breves y específicas que los grados y posgrados, respondiendo a las necesidades concretas del tejido productivo y a aquellas áreas que experimenten un mayor crecimiento en los próximos años. Al mismo tiempo, la formación tendrá que poder fraccionarse o combinarse con flexibilidad, facilitando la vida laboral y familiar. Para esto último, apostar por el formato blended (que combina la enseñanza presencial con online) resultará esencial.
  • Potenciar, en paralelo, el papel de las empresas como entidades proveedoras de formación mediante incentivos como la posibilidad de acreditar su formación y combinarla con cursos ofertados por universidades y centros de FP.
  • Reformar los sistemas de acceso y coordinación para permitir una mayor combinación de los mecanismos formativos. Hay que conseguir que las fronteras que hoy separan la FP, la universidad y la formación in-company sean más porosas, de modo que las personas puedan desarrollar itinerarios trenzados en los que se combine la realización de cursos de unos y otros ciclos formativos (ej. que un trabajador pueda cursar asignaturas de titulaciones de FP superior y grados universitarios a su elección, a fin de actualizar o ampliar sus conocimientos en un determinado campo de su interés). Con esto se podrá aumentar y diversificar la oferta educativa, dotándola de mayor versatilidad, y aumentar el grado de personalización disponible.
  • Reducir el desajuste que existe entre las titulaciones universitarias más demandadas por el alumnado y las más solicitadas por los empleadores, incentivando la realización de aquellas con mayor salida laboral, mediante becas y programas de orientación.
  • Actualizar los currículos de los grados para darles una impronta menos academicista y más orientada al desarrollo de aquellas competencias que requerirán los egresados en su vida profesional. En muchos casos, esto no significará buscar una mayor especialización sino, más bien, al contrario: adoptar un enfoque más generalista que fomente la adquisición de competencias transversales como la comprensión escrita, la comunicación verbal o el pensamiento crítico, que ayudan a desarrollar perfiles más versátiles, mitigan la obsolescencia y amplían la empleabilidad de las personas.
  • Fomentar la contribución de las empresas, los sindicatos, las patronales y otros agentes sociales en el diseño y desarrollo de los programas de formación de oferta que proporcionan el Estado y las comunidades autónomas, siguiendo el ejemplo de otros países europeos o de comunidades autónomas como Cataluña.
  • Establecer vínculos más estrechos entre las universidades y el tejido productivo. Estos vínculos deben ser bidireccionales: las universidades deben intentan adaptar sus contenidos a las demandas del mercado, pero las empresas también deben implicarse más en la financiación y co-gobernanza de las instituciones de enseñanza.
  • Incorporar las tasas de empleabilidad al sistema de evaluación, financiación e incentivos de las universidades. A la hora de realizar esta evaluación, habrá que tener en cuenta factores correctores como la procedencia socioeconómica de los egresados (ej. a los colectivos en riesgo de exclusión les cuesta más encontrar trabajo) y la calidad y tipología del empleo logrado.

En segundo lugar, dotarse de nuevos mecanismos de financiación, más allá de los tradicionales asociados a las partidas educativas.

En tercer lugar, convertirse en espacios atractivos y acogedores para todos los grupos de edad.

Enlace al documento España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo

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