La falta de presupuesto es la razón alegada por la Junta de Castilla y León para no prorrogar estos contratos, a pesar de que la Disposición adicional sexta de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 pemite la prórroga por cinco meses de los los contratos de investigación que terminen entre el 2 de abril de 2021 y el 1 de abril de 2023, tal como contamos en esta noticia.
De los 150 afectados por tener contrato con la Junta (los que tienen contrato con el Gobierno y las universidades sí tendrán prórroga), 75 terminarán su contrato en un mes. Así, pues, la decisión “implicará un agravio comparativo entre empleados que realizan el mismo trabajo, pero que pertenecen a convocatorias de investigación diferentes”, según denuncian representantes de este personal.
Según informan algunos participantes en una reunión con la viceconsejera y la directora general de Universidades e Investigación, “las representantes de la Junta han llegado a sugerir que los predoctorales que continúen trabajando en sus tesis, ya que los programas de doctorado sí han prorrogado su periodo de matrícula. Esto supondría que los investigadores trabajasen sin contrato y posiblemente en el paro”.
