La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas -CREUP- ha emitido un comunicado en el que afirma que la derogación del decreto franquista (en referencia al Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, dependientes del Ministerio de Educación Nacional) “ha sido una de las principales demandas del estudiantado durante muchos años”.
Sin embargo, el Anteproyecto de ley propuesto por el Ministerio de Universidades y aprobado por el Consejo de Ministros no contenta a CREUP, que “reivindica que se equiparen las garantías de las que goza el personal universitario en el Estatuto Básico del Empleado Público y que los procedimientos de instrucción y sanción se apliquen a todos los miembros de la comunidad”.
Asímismo, CREUP insiste en la “necesidad de que los procesos sean independientes del rectorado de cada universidad. Por un lado, considera que el órgano sancionador no debe depender del rector o rectora y, por otro, que se debe delimitar la forma de elección de los miembros de la comisión de convivencia para que la ley se rija por la separación de poderes y así evitar que sean designaciones a dedo.”
CREUP solicita “mayor concreción en la definición de las faltas y sanciones para que no haya grandes diferencias entre universidades en el momento de su interpretación”, y que se asegure “que esta ley no vulnere en ningún caso la libertad de manifestación y de expresión.”
