Conclusiones

Es oportuno recordar que el objetivo explícito del real decreto-ley 14/2012 era introducir medidas de carácter excepcional, junto a otras de carácter estructural, para “mejorar la eficiencia de las administraciones públicas” y lograr “el inexcusable objetivo de la estabilidad presupuestaria”. Los datos de este informe permiten comprobar que su efecto real ha sido un cambio profundo en el modelo de financiación de las universidades públicas catalanas que ha comportado:

1. Interrumpir y empezar a revertir la tendencia experimentada hasta el curso 2008-2009 de aumento del gasto público en el sistema universitario catalán y español. Dado que en nuestro país dicho gasto todavía está por debajo de la media de la OCDE en términos de PIB, y detrás la mayoría de países europeos en gasto universitario real por estudiante, este recorte (de un 21% en el caso del gasto universitario en Cataluña entre 2009 y 2012) comporta interrumpir el proceso de convergencia con dichos países. De persistir la actual tendencia a la baja, corremos el riesgo de que nuestro país experimente una importante regresión, que nos alejaría otra vez del objetivo de contar con una alta inversión en formación universitaria de calidad y capacidad de investigación.
2. Traspasar a los y las estudiantes, y a sus familias, una parte creciente del coste de las universidades públicas. Mientras las administraciones han reducido un 45% las aportaciones a las universidades públicas entre 2009 y 2012, retrocediendo nueve años, hasta la situación existente en 2003, los precios pagados por los y las estudiantes han aumentado un 47% en términos reales. Esto ha permitido que, con unos recortes del 45% en la financiación pública, la contracción del gasto universitario haya sido del 21%, pero a expensas de privatizar de hecho una parte creciente de la financiación del sistema universitario público catalán, traspasando su coste a la ciudadanía que quiere estudiar en la universidad. Entre los años 2009 y 2014 se ha producido un incremento considerable de los ingresos procedentes de tasas y matrículas, que de representar un 12% de los ingresos totales de las universidades públicas catalanas han aumentado hasta un 25-26% de media. Así, el porcentaje del coste de la docencia asumido por los estudiantes en Cataluña habría pasado de un 21,6% en 2008 a un 28,4% en 2011, y un 41,6% en 2012. Estimamos que en 2014 podría ser como mínimo de un 42-43%.
3. Interrumpir y empezar a revertir la tendencia experimentada hasta el curso 2008-2009 de incremento del número de jóvenes de nuestro país que acceden a estudios universitarios. Todo indica que el efecto conjunto del recorte de gasto en universidades públicas y del aumento de la parte que paga el estudiante ha comportado revertir la tendencia al aumento de la población universitaria. Como muestran los datos comparativos con la OCDE, el aumento que estaba teniendo lugar hasta el curso 2008-2009 suponía un proceso de convergencia con los países europeos que más invierten en enseñanza e investigación universitarias. En Cataluña, el gasto público en universidades ha retrocedido a niveles cercanos a los de inicios del siglo actual.

Como sociedad deberíamos preguntarnos qué sentido tiene este cambio de modelo de financiación universitaria de carácter regresivo cuando, para abrir camino a un modelo económico que vaya más allá de la construcción y el turismo, habría que hacer todo lo contrario: invertir más y mejor en la formación superior de los jóvenes que ahora tienen entre 20 y 29 años. Cataluña tiene todavía pocos estudiantes universitarios, y demasiados jóvenes que ni encuentran trabajo ni estudian. El hecho de que el gasto universitario sea inferior a la media de la OCDE en términos de PIB demuestra que ello no se debe a que no tengamos capacidad de pagar más y mejores universidades. Es una elección política que han hecho últimamente nuestros gobernantes, optando por un modelo de financiación universitaria cada vez más escaso en aportaciones públicas, más regresivo en su sostenimiento, y más restrictivo en el acceso por motivos económicos y no de talento. Este ha sido el resultado de haber abandonado el modelo de financiación pública que predomina en la inmensa mayoría de países de la OCDE y en Europa, para acercarnos gradualmente al que caracteriza tan solo a algunos países anglosajones.