Notas de acceso a la universidad:
¿son equitativas?

1. Objetivo de este informe

Como probablemente es sabido, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) introdujo la Evaluación final de Bachillerato, conocida como EBAU o EvAU porque se ha venido utilizando, de acuerdo con la LOMCE, también como Prueba de Acceso a la Universidad.

Por otra parte, desde el curso 2019-2020, y con motivo de las restricciones y dificultades causadas por la pandemia de Covid-19, se produjo una modificación de estas pruebas que incrementó los grados de libertad de cada estudiante a la hora de elegir las preguntas a las que responde de cada materia.

Posteriormente, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (coloquialmente conocida como Ley Celaá) ha hecho desaparecer la evaluación final de bachillerato pero ha mantenido la prueba de acceso a la universidad (PAU), aunque con modificaciones que se implantarán en el próximo curso 2023-2024.

Así, en el mes de marzo de este año 2023, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades presentaron a Audiencia e Información Pública un Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones para el acceso y la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que ha generado debate y que todavía no ha sido publicado.

En resumen, al ser este el último curso en que se llevarán a cabo estas pruebas en la forma que se venía aplicando en los últimos años y estarse concretando su nueva forma, parece conveniente analizar algunos de sus pros y sus contras antes de que se implante un nuevo modelo.

Por otra parte, cada año, cuando se acercan las fechas de las Pruebas de Acceso a la Universidad, los medios de comunicación se hacen eco de la inquietud de estudiantes y familias por unos exámenes en los que, todo el mundo parece coincidir, se juega el futuro universitario de miles de jóvenes.

Entonces se pueden leer artículos de opinión y escuchar declaraciones de personas “expertas” que abogan por la supresión de estas pruebas, por su substitución por un sistema de entrevistas personales con cada estudiante por parte de cada universidad, por dar mayor peso a la nota de bachillerato, por dar mayor autonomía a cada comunidad autónoma o a cada universidad para establecer su propio método de selección del alumnado, o por establecer una prueba única para todo el sistema universitario, entre otras muchas opciones.

Recientemente, tras recibir la queja de una madre, el Defensor del Pueblo de Navarra ha remitido una recomendación al Departamento de Educación de la Comunidad Foral en relación con la evaluación del alumnado en bachiller y con su incidencia para el ingreso en universidades que textualmente dice:

Recomendar al Departamento que vele por que las calificaciones del bachiller otorgadas por los centros educativos no comprometan los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen en el acceso a la universidad, adoptando las medidas oportunas a tal fin; y, a la vista de los resultados registrados, que presentan indicios de sobrevaloración, recomendarle que entre a supervisar lo actuado por los colegios a los que se ha hecho referencia.

En el presente informe no pretendemos dar respuesta a todas estas inquietudes y propuestas, pero sí ofrecer datos que permitan valorar hasta qué punto se produce dicha sobrevaloración de las notas en el conjunto del sistema universitario español, en los diversos tipos de centros de bachillerato y en las diversas comunidades autónomas, y analizar cómo ello afecta a la equidad en el acceso a los estudios universitarios.