Se trataría de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE), hoy centro adscrito a la Universidad Camilo José Cela, también privada.
Se da el caso de que la actual viceconsejera de Educación y responsable de Universidades por absorción, tras salir Ciudadanos del Gobierno Autonómico, fue miembro del Consejo asesor de ESNE y vicepresidenta académica de ESNE hasta 2019.
Cuatro informes se oponen al proyecto: los del Ministerio de Universidades, su Consejería de Ciencia, el Consejo Universitario de Madrid (por unanimidad de todas las entidades) y la Fundación Madri+d, la rama de innovación de su Gobierno.
Madrid concentra un tercio de las universidades privadas de España. Esta no es la primera vez que se tramita el reconocimiento de una universidad privada en los últimos días de un mandato: en marzo de 2019 se aprobó la creación de Villanueva (del Opus Dei), ESIC (de una congregación religiosa) y Cunef (de la Banca) en el penúltimo pleno del mandato de Ángel Garrido y con lectura única porque, si no, no les daba tiempo.
“El porcentaje de profesorado en régimen de dedicación a tiempo completo no alcanzaría el porcentaje indicado [60%]. Destaca la insuficiencia de la dedicación a la investigación, inferior al 50% del profesorado que propone el Consejo de Universidades”, critican los técnicos en el informe del Gobierno Central, que se hizo en 2018 y a cuyas conclusiones ha accedido EL PAÍS. Estos desconfían también del “número y tamaño” de los espacios: “Los laboratorios de informática se han contabilizado doblemente”. Ayuso desoye al Ministerio de Universidades como antes hizo el Gobierno del PP de Cantabria, que aprobó en 2013 la Universidad Europea del Atlántico pese a contar con el informe contrario del ministro José Ignacio Wert. La presidenta puede hacerlo porque la valoración ministerial es preceptiva, pero no vinculante.
El proyecto ha pasado a consulta pública y la Comunidad tendrá que redactar una ley de creación y votarla en la Asamblea.
