• Los hechos tuvieron lugar entre 2006 y 2010 y fueron denunciados en 2011.
  • A la condena de 7 años se suma la de indemnizar a las víctimas con 110.000 €.
  • La Universidad prohíbe toda actividad académica al condenado y, asimismo, el acceso a la Facultad de Ciencias de la Educación, de la que fue decano y en la que ha seguido ejerciendo como docente en los seis años que han transcurrido desde la denuncia hasta la condena.

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