La cotización obligatoria de las prácticas externas quedó incluida en una disposición adicional del Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Un texto elaborado por el Ministerio de Trabajo que establecía un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario.
Tras su publicación, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) advirtió del “grave problema económico difícilmente asumible para las universidades” que suponía la medida, y logró un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para que la cotización de las prácticas externas universitarias no fuese obligatoria “antes del próximo curso académico 2019-2020”. Además, el Ejecutivo mostró su intención de que las universidades no cargasen con la totalidad de los gastos de la obligatoria cotización de las prácticas, que la CRUE estimó en más de 100 millones de euros anuales.
La medida impulsada por el Ministerio de Trabajo beneficiaba a 534.000 estudiantes españoles, según informó el Gobierno.
