• La suscriben los 37 rectores de las universidades públicas pertenecientes a la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe.
  • En la Declaración manifiestan  que ven “con preocupación que en algunos países los gobiernos y cuerpos legislativos se hayan ido desentendiendo de su responsabilidad para con la provisión de enseñanza universitaria pública. Más grave aún, pueden delegarla al sector privado a un alto costo y sin garantía de calidad.” Por ello, hacen un llamamiento “a las autoridades políticas de nuestros países para que consideren la educación estatal como un asunto de la mayor importancia estratégica.”
  • Asimismo se refieren al fenómeno migratorio e invocan la responsabilidad de las universidades de cara “a la integración de nuestros pueblos y al resguardo de los derechos humanos de cada persona.”
  • Finalmente, reclaman apoyos gubernamentales para “incrementar significativamente los programas de intercambio estudiantil.

 

  • En una declaración separada, los rectores expresaron su preocupación por las consecuencias de las políticas “xenofóbicas y discriminatorias” anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos y  su solidaridad con los más de 800.000 estudiantes de América Latina y del Caribe que podrían verse perjudicados por las políticas antiinmigratorias.

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