• El Gobierno no regulará las prácticas universitarias a través de un decreto ley, tal y como le pedía Podemos, porque no le ve una “clara urgencia”.
  • El secretario general de Universidades reconoce que comparte “buena parte” de las medidas, pero señala que la actual coyuntura política obliga al Ejecutivo a ser “muy restrictivos con este tipo de acciones legales” y tramitar “sólo aquellas que tengan una clara necesidad de urgencia o que conciten un amplio consenso”.

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